La intolerable devaluación de la cultura en España

Resulta escandaloso que ya prácticamente todos los contenidos culturales consumidos a través de internet en España sean ilegales. Concretamente el 87,94%, según la Coalición de Creadores. A este paso, este país se va a convertir en la isla Tortuga de la cultura mundial, demostrando una vez más la baja autoestima de nuestras gentes, capaces de contribuir con un insólito entusiasmo a la aniquilación de lo poco que este gobierno ha dejado sin destruir de la industria cultural.
Es cierto que puede sonar recurrente esta denuncia, pero visto el poco efecto que causa, no está de más insistir en ella cuantas veces sea necesario. Porque ese desprecio que se demuestra con el consumo inopinado de material cultural pirateado, expresa a las claras la decadencia moral y educativa de una sociedad que aspira a ser civilizada.

Ninguno de los argumentos que esgrimen los consumidores de material robado se sostiene. Ni los artistas son tan ricos como creen algunos ni el precio de los productos culturales es tan alto ni, por supuesto, la industria es tan codiciosa. La piratería es una actitud motivada por una falsa idea del valor cultural, alimentada tanto por la mala educación como por la arraigada costumbre de los poderes públicos de funcionar como promotores culturales, ofreciendo esos productos gratis.

Que hay artistas que nadan en riquezas nadie lo pone en duda, pero generalizar esa percepción hacia todo el que se dedica a la cultura es tan fútil como mezquino. Basta con comprobar la cantidad de actores que han superado la edad de jubilación y siguen en activo, porque si no probablemente terminarían en la miseria como así le ha sucedido a muchos de los que en el pasado ocuparon la cima de la fama.

Y, además, la cultura no sólo la nutren los artistas. Hay una enorme cantidad de trabajadores dedicados a esta industria que sufren los perjuicios de la piratería.
Las leyes que persiguen ese comercio ilícito han de ser implacables, no cabe duda, pero también es necesario inculcar a la población una nueva educación no sólo sobre el valor de la cultura, sino sobre el del esfuerzo y el sacrificio que requiere la labor creativa y la elaboración de esos productos que con tanta alegría se roban.

Hipsteria provinciana. ¿Cuál es el papel de la Administración pública en la gestión de la cultura? Esa es una de las preguntas que nos deberíamos hacer, ahora que se avecinan cambios políticos. Hasta la fecha, los poderes públicos han funcionado como auténticos aniquiladores de la industria cultural, demostrando un desprecio intolerable por el trabajo de quienes se dedican a la labor creativa como por quienes se ganan la vida en ese sector. El incremento del IVA (que ahora parece que van a reducir electoralmente) ha sido un mazazo a la estabilidad de ese sector, pero no lo es menos el abandono de las bibliotecas y de los áreas educativas dedicadas a las artes y las humanidades.

Pero aún más dañino es que la Administración intervenga en el mercado cultural como un competidor de la iniciativa privada, promoviendo todo tipo de actividades y negocios sufragados con dinero público, que obtienen un escasísimo impacto social por mucho que la intención que se airea sea la contraria.
Dudo mucho de que un festival de cine como el Ibaff hubiese obtenido el respaldo tan entusiasta de las autoridades, si se le hubiese ocurrido a un promotor privado ajeno al círculo de amistades de quienes gestionan la política cultural en esta región. Sin embargo, ahí está: un festival de cine de autor que ha pasado completamente desapercibido y que nadie sabe lo que nos ha costado.

La misión de los poderes públicos no es promover cultura sino procurar que este tipo de acontecimientos puedan celebrarse porque haya quien pueda invertir en ellos y despierten el interés del público. Y eso sólo se consigue invirtiendo en educación y no en las ocurrencias de un puñado de modernos.

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